Marco Constitucional y Legal Administración Público.

 En este Blog de Marco constitucional y legal administración público se visualizará una infografía y análisis con relación a la información de la infografía, por las estudiantes Naileen Romero, C.I: 30.972.087, Yaisber Seittiffe, C.I: 30.863.577, Lismar Díaz, C.I: 30.923.883, Jorhelen Morantes, C.I: 31.261.371, Marielys Sánchez, C.I: 24.175.330, Madeley Algarin, C.I: 28.431.530 de PNF Contaduría Pública, Trayecto II, sección 01, de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Aragua “Federico Brito Figueroa”.

A continuación, se presenta los siguientes análisis con respecto a la infografía:

Autora: Madeley Algarin.

El "Marco Constitucional del Derecho Administrativo en Venezuela" ofrece una visión integral sobre cómo la Constitución de 1999 establece los principios fundamentales que rigen la administración pública en el país. Lo que destaca la creciente importancia de la constitucionalización del derecho administrativo, lo que implica que las normas y principios constitucionales deben guiar la actuación de la administración pública. Esto es crucial para asegurar la legitimidad del Estado, ya que las decisiones administrativas deben basarse no solo en la legalidad, sino también en el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos, promoviendo así un gobierno más responsable y transparente.

Hay varios principios fundamentales que estructuran este marco, comenzando con el principio de legalidad y la supremacía constitucional. Estos principios son esenciales para prevenir el abuso de poder y garantizar que todas las acciones de la administración estén fundamentadas en la ley. Además, el control judicial sobre los actos administrativos permite a los ciudadanos impugnar decisiones que consideren injustas, lo que es un mecanismo crucial para la protección de los derechos y la rendición de cuentas.

También aborda la estructura del Estado, enfatizando la importancia de la descentralización en la organización del gobierno. Esta estructura permite una administración más cercana a las necesidades de la población, lo que puede mejorar la eficacia de las políticas públicas. Sin embargo, también plantea desafíos en términos de coordinación y coherencia en la implementación de políticas, lo que requiere un marco claro de colaboración entre los diferentes niveles de gobierno.

La responsabilidad administrativa es la rendición de cuentas de los funcionarios públicos es fundamental para combatir la corrupción y fomentar la confianza en las instituciones. La existencia de mecanismos de sanción es vital para asegurar que los funcionarios actúen en el interés público, y la promoción de la transparencia en la administración pública es esencial para fortalecer la legitimidad del gobierno y la participación ciudadana.

El control de la administración pública, facilitado por el acceso a la justicia, permite a los ciudadanos defender sus derechos frente a decisiones arbitrarias. Este control no solo protege a los ciudadanos, sino que también promueve un entorno donde se respeten los derechos fundamentales. La integración del derecho administrativo con la Constitución empodera a los ciudadanos, dándoles herramientas para exigir sus derechos y participar activamente en la vida pública.

La constitucionalización del derecho administrativo mejora la gobernanza y la rendición de cuentas, empoderando a los ciudadanos al proporcionarles mecanismos para defender sus derechos. Sin embargo, la efectividad de este marco depende de su implementación práctica y de la voluntad política para garantizar que la administración pública actúe de manera justa y transparente. La construcción de un Estado de derecho efectivo es un proceso continuo que requiere la participación activa de la sociedad civil y un compromiso firme con los principios democráticos.

Autora: Yaisber Seittiffe. 

Podemos entender que el marco constitucional es el documento vigente que contiene la ley fundamental del país la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (C.R.B.V), dentro del marco están todas las actas legales, en la parte legal administrativa pública se enfoca en los principios garantizando los derechos y libertades públicas, estos principios aseguran un fundamento eficiente, transparente y el acceso a la información en el país, fomentan una relación más abierta entre la administración y la sociedad, al tiempo que se reconoce la necesidad de ciertos límites para proteger otros intereses justos.

En este marco legal administrativo público existen varias leyes que establecen o argumenta las normativas que debe cumplir el administrador público, donde resaltan o explican los procedimientos para elaborar un proyecto y aprobación del mismo, los ilícitos, los cargos de responsabilidad de los funcionarios la presidencia o vicepresidente, por ejemplo; en el caso del artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP) que establece las responsables del puesto a manejar de la misma, específicamente en el nivel central tendrá que dirigir la política interna y externa, ejercer función ejecutiva de la república, conforme a lo establecido en la C.R.B.V. Además, coordinar y elaborar las políticas públicas, la evaluación del desempeño institucional del Estado encargado de verificar los resultados. En cambio, los órganos superiores de dirección del nivel centro administración pública nacional como rectoría y control de la actividad en los órganos internos de los cuales se desarrollan las actividades políticas.

Autora: Naileen Romero.

El marco constitucional y legal de la administración pública en Venezuela se fundamenta en una serie de leyes y principios que buscan regular y garantizar un funcionamiento eficiente, transparente y al servicio de los ciudadanos.

1. Marco Constitucional

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)

La Constitución establece los principios básicos que rigen la administración pública:

Artículo 136: Define la estructura del Poder Público, que se divide en Nacional, Estadal y Municipal.

Artículo 141: Establece que la administración pública debe estar al servicio de los ciudadanos, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas.

Artículo 143: Regula el Estatuto de la función pública, determinando los derechos y deberes de los funcionarios.

2. Leyes Específicas

Ley Orgánica de la Administración Pública (2001)

Promulgada el 17 de octubre de 2001, esta ley es fundamental para el funcionamiento de la administración pública. Algunos artículos destacados incluyen:

Artículo 1: Establece los principios y bases que rigen la organización y funcionamiento de la administración pública.

Artículo 3: Señala que el principal objetivo es garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos.

Artículo 4: Define el principio de legalidad, donde toda acción debe estar sujeta a la Constitución y las leyes.

Artículo 5: La administración debe estar al servicio de los particulares, priorizando sus necesidades.

Artículo 31: Permite la desconcentración funcional y territorial para mejorar la eficacia administrativa.

Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos

Esta ley regula cómo deben actuar los órganos administrativos. Artículos relevantes incluyen:

Artículo 1: La ley se aplica a la administración pública nacional y descentralizada.

Artículo 9: Los actos administrativos deben ser motivados, salvo excepciones específicas.

Artículo 10: Prohíbe crear sanciones o impuestos sin base legal.

Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular

Regula la planificación en el ámbito público. Artículos importantes son:

Artículo 10: Define la integración del Sistema Nacional de Planificación, incluyendo consejos comunales y estadales.

Artículo 26: Establece que el Plan de Desarrollo Económico y Social es el instrumento clave para implementar políticas públicas.

Ley Orgánica de Contraloría General de la República

Esta ley establece mecanismos para el control fiscal. Algunos artículos son:

Artículo 1: Define el ámbito de aplicación sobre los órganos del Poder Público.

Artículo 5: Establece las funciones del contralor general en el control financiero.

Ley de Consejos Comunales

Promueve la participación ciudadana en la gestión pública. Artículos relevantes incluyen:

Artículo 1: Define el objetivo principal como fomentar la organización popular para gestionar recursos públicos.

Artículo 4: Establece derechos y deberes de los consejos comunales en relación con las autoridades.

3. Estructura Organizativa

La administración pública en Venezuela está organizada en diferentes niveles:

Administración Central: Comprende ministerios y entes centrales encargados de implementar políticas públicas.

Administración Descentralizada: Incluye gobiernos esdatales y municipales que gestionan competencias específicas.

4. Control y Responsabilidad

La administración pública está sujeta a controles internos y externos:

Contraloría Social: Permite a los ciudadanos ejercer control sobre las acciones del gobierno, garantizando transparencia.

Responsabilidad Administrativa: Los funcionarios pueden ser sancionados por actos u omisiones que causen daño a los ciudadanos.

Autora: Lismar Díaz.

La administración pública en Venezuela se encuentra regida por un marco legal y constitucional que busca garantizar la eficiencia, transparencia y responsabilidad en el ejercicio de la función pública. Este marco no solo establece los principios que deben guiar a los servidores públicos, sino que también define los derechos de los ciudadanos en su relación con el Estado.

El Artículo 141 de la C.R.B.V. establece que "la administración pública está al servicio de los ciudadanos" y resalta la importancia de los principios de "moralidad, eficiencia, transparencia y responsabilidad". Sin embargo, a pesar de que estos principios son fundamentales para el buen funcionamiento del Estado, su implementación efectiva ha sido un desafío constante. No obstante, este artículo sirve como un pilar fundamental que establece la obligación del Estado de actuar en beneficio de la ciudadanía, promoviendo así un sistema más justo y equitativo.

Por otro lado, el Artículo 144 de la C.R.B.V. aborda aspectos esenciales relacionados con la función pública, estableciendo un marco normativo para la administración de los recursos humanos en el sector público. Este artículo es crucial, ya que establece las bases para la selección, formación y promoción de los funcionarios públicos, garantizando que sean personas capacitadas y comprometidas con el servicio a la comunidad. Así mismo, se busca prevenir prácticas de nepotismo y corrupción, creando un ambiente más propicio para el desarrollo de una administración pública eficaz.

La L.O.A.P complementa estos artículos constitucionales al establecer principios y bases para la organización y funcionamiento de la administración pública en Venezuela. Esta ley es fundamental para estructurar el aparato administrativo del Estado, asegurando que se cumplan los principios establecidos en la constitución. Sin embargo, a pesar de su importancia, la aplicación efectiva de sus disposiciones ha enfrentado obstáculos debido a factores políticos y económicos que han afectado el funcionamiento del Estado.

El Artículo 45 de la L.O.A.P. establece el rol de dirección estratégica de los órganos superiores, lo cual es vital para garantizar que las políticas públicas sean coherentes y alineadas con las necesidades de la población. No obstante, es importante señalar que este rol no siempre se ha ejercido con la debida responsabilidad y transparencia. . Por lo que, como futuros contadores públicos, debemos conocer y respetar las leyes, a través de eficiencia financiera y contable, para lograr de esta manera una calidad digna de los servicios ofrecidos a los ciudadanos.

Autora: Marielys Sánchez.

La administración pública se rige bajo las leyes, reglamentos y normas obligatorias reguladas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en conformidad a la ética y jurisprudencia de las mismas. Con el objetivo de prestar servicios públicos o de intereses generales a todos los Ciudadanos y Ciudadanas del país, en todo momento de forma honesta, eficiente, transparente y en como crear mecanismos para promover la participación de sus servicios públicos, en garantía de los beneficios de sus derechos y deberes. Como también en garantizar que todas las funciones sean cumplidas y se hagan cumplir sin que les sirva de excusa órdenes superiores como lo describe el artículo 8 de la (LOAP)

Autora: Jorhelen Morantes.

El Marco Constitucional y Legal de la Administración Pública es uno de los signos mas característicos del derecho administrativo en el mundo con temporáneo, es el de su progresiva constitucionalización y, a la vez, del derecho constitucional, el que las Constituciones hayan superado su tradicional contenido orgánico/dogmático relativo a la organización básica del Estado y al régimen de los derechos y garantías constitucionales, y cada vez con mayor frecuencia hayan incorporado a su normativa, los principios básicos de la organización y funcionamiento de la Administración Pública y de la actividad administrativa del Estado.

Por ello, con razón, en el derecho público contemporáneo se puede hablar de la existencia de un marco constitucional del derecho administrativo, el cual, por ejemplo, en el derecho venezolano se conforma por los siguientes principios fundamentales insertos en la Constitución de 19991: en primer lugar, el principio de la legalidad, que en particular, se fundamenta en la supremacía constitucional, y los principios de la formación del derecho por grados y la sumisión de la Administración Pública al ordenamiento jurídico; en según do lugar, los principios relativos a la organización del Estado, a la distribución vertical del Poder Público y los que rigen las personas jurídicas estatales; en tercer lugar, los principios de la separación orgánica (horizontal) del Poder Público y el carácter ínter-orgánico de la Administración Pública; en cuarto lugar, los principios relativos a las funciones del Esta do, a su ejercicio inter-orgánico y a la función administrativa; en quinto lugar, los principios relativos al carácter inter-funcional de los actos estatales, y a los actos administrativos; y en sexto lugar, el principio del control de la Administración Pública y la responsabilidad administrativa.

El marco constitucional del derecho administrativo está conformado por dichos principios, que analizamos a continuación. El derecho administrativo está montado sobre el principio de legalidad, de manera que puede hablarse de tal derecho administrativo cuando los órganos del Estado que con forman la Administración Pública están sometidos al derecho, y particularmente al derecho desarrollado para normar sus actuaciones.

El principio de legalidad es, por tanto, el primero de los principios del derecho administrativo que han sido constitucionalizados, como consecuencia de la concepción del Esta do como Estado de derecho (Art. 2), que implica la necesaria sumisión de sus órganos al ordenamiento jurídico. Este, compuesto por la propia Constitución, que tiene aplicación directa como norma, por las leyes y además, por el conjunto de reglamentos y normas dictados por las autoridades competentes2.

El primer elemento del principio de la legalidad, por tanto, es el de la supremacía constitucional, que la Constitución regular en forma expresa, en el artículo 7, al disponer que “La Constitución es la norma suprema y el fundamento el ordenamiento jurídico”, a la cual quedan sujetos “todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público” 3; constituyendo uno de los deberes constitucionales de los ciudadanos y funcionarios, el “cumplir y acatar” la Constitución (art. 131). Todos los órganos del Estado, por tanto, están sometidos a la Administración, y dentro de ellos, por supuesto, los que conforman la Administración Pública, a cuyo efecto, el artículo 137 de la propia Constitución dispone que “la Constitución y las leyes definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen”; y el artículo 141, al precisar los principios que rigen la Administración Pública, dispone que esta debe actuar “con sometimiento pleno a la ley y al derecho”. Por tanto, conforme a este principio de sumisión del Estado a la ley y al derecho, es decir, el principio de legalidad, todas las actividades de los órganos del Estado, y de sus autoridades y funcionarios, deben realizarse conforme a la Constitución y la ley, y dentro de los límites establecidos por las mismas. Ahora bien, en relación con el principio de legalidad, en el ordenamiento jurídico se distinguen siempre por una parte, las normas que integran la Constitución en sí misma, como derecho positivo superior; jurídico se distinguen siempre por una parte, las normas que integra gran la Constitución en sí misma, como derecho positivo superior; y por la otra, las normas.